La defensa de la universidad pública en México ya no es solo una cuestión presupuestal o administrativa. En el último año, ha quedado claro que se trata también de una disputa simbólica e ideológica donde sectores ultraconservadores buscan restarle legitimidad a uno de los espacios más críticos y democráticos del país. Las declaraciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la «derechización» de estas instituciones abrieron un debate necesario sobre la autonomía, el pensamiento crítico y el papel social de la educación superior.
La universidad pública, un bastión en disputa
Durante décadas, las universidades públicas mexicanas han funcionado como motores de movilidad social, producción científica y formación ciudadana. Sin embargo, su capacidad para cuestionar estructuras de poder ha incomodado a grupos de ultraderecha que hoy impulsan una narrativa para desacreditarlas. Esta estrategia no es nueva, pero ha cobrado fuerza en el contexto electoral y mediático actual, donde se utilizan estigmas como «ideologización» o «adoctrinamiento» para minar la confianza en estas instituciones.
Los ataques, aunque disfrazados de preocupación por la calidad educativa o la neutralidad académica, en realidad pretenden debilitar a actores colectivos capaces de articular demandas sociales. En este escenario, la defensa de la universidad pública implica no solo proteger su autonomía, sino también reafirmar su papel como espacio para la diversidad de pensamiento, la inclusión y el debate plural.
De igual forma, es esperanzador constatar que, frente a los intentos de deslegitimación, diversas comunidades académicas han respondido con argumentos, propuestas y movilización.
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