Rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demandan que la Ley General de Educación Superior garantice la autonomía universitaria y asegure financiamiento del Estado para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior.
Al participar en un foro virtual de Parlamento Abierto para discutir la iniciativa de ley que fue presentada la semana pasada por la comisión de Educación en el Senado de la República, el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, pidió depurar la redacción de la iniciativa que se presentó la semana pasada para precisar la entrega de financiamiento suficiente para las universidades:
“Falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento y en qué periodo, las instituciones de educación superior requieren saber esta información con certeza”.
El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, aclaró que el financiamiento debe ser considerado como una de las prioridades del Estado para asegurar que se cumpla el derecho de las personas para contar con educación superior.
Por su parte, Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pidió a los legisladores que aclaren que la gratuidad se establecerá de manera gradual y entrará en vigor hasta 2022, para que la comunidad universitaria conozca cuál será el proceso de su implementación.
El rector de la universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció la necesidad de contar con estructura para la educación a distancia, capacitación e inventario suficiente para atender a la demanda de tecnológica para su impartición. Además, propone:
“Ajustar el presupuesto plurianual y plantear bolsas extraordinarias reglamentadas para poder obtener un monto adicional para sus ejercicios educativos”.
Hugo Casanova, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, argumentó que la iniciativa constituye una importante propuesta de las distintas fuerzas políticas para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior de México.
