En el México del siglo XXI aún hay quienes buscan modificar la orientación no normativa mediante violencia física, psicológica o sexual.
A estas estrategias se les conoce como “terapias de conversión” o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (ECOSIG) y, a decir de Tania Esmeralda Rocha Sánchez, investigadora de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, “a eso no se le puede llamar ‘terapia’ porque no hay nada que curar”.
En ese contexto, desde el 26 de abril pasado y después de casi seis años de haberse presentado la iniciativa en el Senado, se logró que las mal llamadas “terapias de conversión” se prohibieran en todo México. Y es que el Senado aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar los ECOSIG, con los que se intenta obligar a las personas a cambiar su identidad sexual.
Las modificaciones, que se han logrado tras un largo camino legislativo, incluyen sanciones y penas de entre dos y seis años de cárcel para quienes participen de alguna forma con la realización o financiación de este tipo de prácticas, y aumentan al doble si las víctimas son personas menores de 18 años, adultos mayores o con alguna discapacidad.
Desde hace más de medio siglo, los principales organismos e instituciones especializadas en salud mental han coincidido al señalar que la homosexualidad no es un trastorno ni una enfermedad física o de la mente.
Sin embargo, aún hay profesionales con información arcaica o personas con ciertas convicciones religiosas que buscan “redirigir” las orientaciones sexuales e identidades de género de personas que han llegado con ellos recomendados, o engañados, por familiares o amigos.
Hay “terapias” en la que los sujetos son aislados y sometidos a acciones equivalentes a un secuestro o torturados. Lo más grave es que dichas vejaciones suelen quedar impunes y guardarse como secreto debido a las amenazas que lanzan los violentadores contra sus víctimas, explica Tania Rocha, especialista en temas de género y diversidad.
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