Educación protegida en territorios afectados por la violencia
Garantizar la educación en medio de la violencia se ha convertido en una prioridad estratégica para Colombia. En un país donde el conflicto armado ha afectado históricamente a comunidades enteras, la escuela representa mucho más que un espacio de aprendizaje. Es un lugar de protección, estabilidad y proyección de futuro para niñas, niños y jóvenes, incluso en los territorios más golpeados por la inseguridad.
Durante enero, el Gobierno colombiano reafirmó su compromiso internacional con la defensa del derecho a la educación en contextos de conflicto. La postura del país reconoce que los ataques a escuelas, docentes y estudiantes no solo interrumpen trayectorias educativas, sino que profundizan ciclos de exclusión y vulnerabilidad social. Proteger la educación implica, por tanto, proteger a las comunidades.
La educación en conflicto ocupa hoy un lugar central en la agenda diplomática de Colombia. A través de la Cancillería de Colombia, el país respaldó una nueva hoja de ruta global orientada a prevenir ataques contra instituciones educativas y a garantizar la continuidad del aprendizaje en escenarios de violencia. Este marco promueve acciones coordinadas entre Estados, organismos internacionales y autoridades educativas.
La hoja de ruta plantea medidas concretas como el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la recopilación de datos sobre ataques a escuelas y la atención integral a las víctimas. También refuerza el compromiso con el derecho internacional humanitario y con la Declaración sobre Escuelas Seguras, que busca evitar el uso militar de centros educativos.
Si este artículo despertó tu interés, revisa: Neuroeducación y arte transforman la forma de aprender. La protección de la educación no se limita a mantener aulas abiertas, sino a crear condiciones para que el aprendizaje sea un factor de resiliencia y paz.
Datos recientes de seguimiento internacional muestran que Colombia continúa entre los países de la región con mayor número de afectaciones a entornos educativos, lo que refuerza la urgencia de aplicar de forma efectiva estas estrategias de protección.
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