El colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh, ocurrido en 2013, dejó más de 1,100 personas muertas y expuso graves fallas en la seguridad laboral del sector textil. Más de una década después, distintos gobiernos han aprobado nuevas normas, pero una investigación de Yale advierte que muchas todavía protegen de forma insuficiente a los trabajadores y al ambiente.
Meital Peleg Mizrachi, investigadora del Departamento de Economía de Yale, analizó este panorama junto con Rachel Chambers, profesora de derecho empresarial de la Universidad de Connecticut. El estudio, publicado en UC Business Law Journal, señala que las políticas actuales suelen privilegiar los objetivos ambientales y relegar los derechos laborales.
La industria de la moda mantiene graves impactos
El sector genera al menos 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y produce 20% de las aguas residuales globales. También consume cada año suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de más de 2,000 millones de personas.
El lavado de textiles sintéticos libera alrededor de 500,000 toneladas de microfibras al océano anualmente. Estas partículas representan cerca de 35% de los microplásticos presentes en los mares y afectan principalmente a comunidades de bajos ingresos.
La explotación laboral agrava el problema. Más de 90% de las marcas no paga salarios dignos a quienes fabrican sus prendas. Diversos reportes también documentan trabajo forzado, empleo infantil, violencia de género y condiciones inseguras dentro de fábricas que contaminan ríos y exponen a sus empleados a sustancias peligrosas.
El modelo de moda rápida acelera estos daños. Algunas empresas lanzan entre 50 y 55 colecciones al año, mientras plataformas de ultramoda incorporan entre 3,000 y 11,000 artículos nuevos cada día.
Las normas ignoran las cadenas internacionales
Peleg Mizrachi explica que el problema no radica en la falta de reglas, sino en su fragmentación. Una sola prenda puede incluir algodón cultivado en India, textiles fabricados en Corea del Sur, ensamblaje en Camboya y venta en Europa o Estados Unidos.
Las leyes nacionales no alcanzan a controlar una cadena productiva distribuida entre varios países. Además, algunas medidas responden más a tensiones geopolíticas y comerciales que a una defensa real de los derechos humanos o del ambiente.
La legislación francesa de 2024 impuso penalizaciones a productos de moda rápida, pero no consideró cómo esos impuestos podrían provocar cierres de fábricas y pérdida de empleos en países exportadores. En Nueva York, el proyecto Fashion Act perdió los apartados relacionados con derechos laborales durante su negociación política.
La investigadora propone normas específicas para el sector, cooperación internacional y apoyo técnico para los países productores. También pide integrar las dimensiones social y ambiental, ya que una política ecológica puede perjudicar a los trabajadores cuando ignora sus condiciones de vida.
Una regulación eficaz debe obligar a las grandes empresas a asumir responsabilidades por toda su cadena de suministro, garantizar salarios dignos y reducir la contaminación sin trasladar los costos a Bangladesh, Vietnam, Camboya u otros centros de producción.
