Si bien la administración del agua y sus regulaciones están a cargo de organismos específicos de los gobiernos, es responsabilidad de todos procurar su cuidado y evitar su desperdicio y contaminación, advirtió Delia Montero Contreras, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El vital líquido en territorio mexicano es de la nación y, en términos legales, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la que administra y otorga concesiones por 30 años renovables a otro periodo similar a empresas, agricultores, industriales y mineras, entre otros, pero lo hace sin ningún control ni obligación alguna respecto del tratamiento o reúso del recurso, por lo que muchos sectores lo tiran contaminado a ríos que desembocan en los océanos.
Cuando se concesiona a órganos de la administración pública, como la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, se imponen ciertas reglas que deben seguirse para poder conservar el derecho de administración, como dar mantenimiento continuo a los pozos de los que se extrae, el saneamiento necesario y cuidar que no se sequen o que sea reinyectado el fluido, refirió la profesora adscrita al Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa.
El artículo 27 de la Constitución establece que la propiedad de los mares, las aguas marinas interiores, lagunas y esteros que se comunican con el mar, lagos y ríos en el territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio a particulares, con lo que los bienes hídricos podrán ser de jurisdicción estatal o privada.
El Estado garantiza el derecho al recurso, mientras que la ley define las bases, apoyos y modalidades para su acceso. El artículo 115 constitucional establece que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos como potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
