El discurso oficial nos dirá que el gasto en educación se incrementó y sí, pero solo en los siete programas prioritarios del nuevo régimen, a costa de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo que a finales del sexenio pasado eran 27 mil o de recortar el presupuesto a la enseñanza de inglés en escuelas públicas, de quitar recursos a las Escuelas Normales y al programa de Capacitación para los Docentes, que tendrá una reducción del 48 por ciento.
Y ni qué decir de la reducción del 20 por ciento al programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad, que se sumó a la eliminación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad.
Si hay una constante en el PEF 2021, es la limitación constante del derecho de acceso a la educación de excelencia y el retroceso en los derechos adquiridos. El Estado mexicano sustituyendo su responsabilidad por dádivas e incumpliendo la responsabilidad que tiene frente al magisterio, el estudiantado y la sociedad.
Primero la elección y luego la nación, pensarán. Eso parece al constatar que los siete programas prioritarios del Gobierno Federal para el sector educativo en 2021 representan el 24.5% del gasto total y de éstos, cinco son becas para estudiantes y los otros dos son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y el programa de Educación Física de Excelencia, que contiene la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol (ProBeis).
En medio de la crisis económica más grave de la historia mexicana y del ansia por mantener el poder, someter resulta más sencillo que convencer. Y si el autollamado “nuevo régimen” no garantiza certidumbre ni a uno de los sectores más aguerridos y organizados como el magisterio, ¿qué espera a la niñez, la juventud y la sociedad en general?
Educar con calidad es hoy, más que nunca, una apuesta por la libertad y debe ser un freno contra el autoritarismo y su ansia de clientelas.
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