La preocupación por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes crece entre gobiernos, tribunales y expertos. Sin embargo, aunque existe amplio consenso sobre los riesgos, no está claro si la solución debe ser prohibir el acceso a los menores o imponer reglas más estrictas a las plataformas.

El debate ganó fuerza por dos hechos recientes. Meta enfrenta en Washington uno de los juicios más importantes de su historia por el efecto de Facebook e Instagram sobre la salud juvenil. Al mismo tiempo, el Consejo Constitucional de Francia anuló una ley que prohibía el acceso a menores de 15 años al considerar que vulneraba de forma desproporcionada la libertad de expresión.

Las cifras alimentan la preocupación. Desde 2010, las tasas de depresión y ansiedad entre adolescentes aumentaron alrededor de 50%, mientras las de suicidio crecieron 32%. El aumento coincide con la expansión de los smartphones y con el traslado de buena parte de la vida social juvenil a internet.

Redes sociales y menores, entre los riesgos y la vida digital

Las plataformas utilizan mecanismos diseñados para mantener la atención, como el scroll infinito, los algoritmos de recomendación y las notificaciones constantes. En el juicio contra Meta, la acusación sostiene que la empresa conocía la especial sensibilidad de los jóvenes a las recompensas sociales y utilizó esa información para aumentar el tiempo de uso.

Sin embargo, prohibir tampoco resuelve todo. En Australia, cuatro meses después de restringir el acceso a menores de 16 años, casi dos tercios de los jóvenes de 12 a 15 años habían logrado regresar mediante fechas de nacimiento falsas, VPN o sistemas para burlar el reconocimiento facial.

También existe otro problema: las plataformas son espacios de socialización, información y entretenimiento. En España, 79% de los jóvenes de entre 15 y 29 años afirma utilizarlas de forma masiva. Para algunos adolescentes, además, internet permite encontrar comunidades con intereses, experiencias o identidades similares.

Regular el diseño de las plataformas gana peso

La socióloga Liliana Arroyo cuestiona las prohibiciones generales porque, a su juicio, atacan el acceso y no el modelo de negocio basado en capturar la atención y los datos de los usuarios.

El jurista Borja Adsuara Varela añade otra dificultad: definir qué debe considerarse red social. Facebook, Instagram, TikTok o X encajan con claridad, pero servicios de mensajería o videojuegos con chat también permiten relaciones sociales digitales y podrían quedar fuera de las prohibiciones.

Los expertos también advierten que bloquear unas plataformas puede empujar a los menores hacia otras menos reguladas. Eso ya ocurrió en Australia, donde algunos usuarios migraron a servicios con menor supervisión.

El debate, por tanto, se mueve entre tres responsabilidades: las empresas deben reducir diseños potencialmente adictivos, los gobiernos deben establecer límites eficaces y las familias deben acompañar el uso digital.

Adsuara compara esta situación con una piscina: la existencia de un socorrista no elimina la responsabilidad de los padres. La cuestión es determinar qué combinación de vigilancia familiar, educación digital y regulación empresarial ofrece mayor protección sin excluir a los adolescentes de un espacio donde ya desarrollan una parte importante de su vida social.

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