Las voces originarias de México recobran protagonismo en el diseño de políticas públicas que buscan fortalecer el acceso equitativo al conocimiento científico y tecnológico. Recientemente el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma profunda del artículo segundo constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Este cambio constitucional marca un avance tangible en la inclusión de las lenguas indígenas dentro de las estrategias nacionales para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación social.
Asimismo, esta reforma constitucional reconoce a las comunidades originarias como entidades con personalidad jurídica propia y patrimonio, y establece que tendrán derecho a consultas libres, previas e informadas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.
Lenguas indígenas y ciencia
La inclusión de las lenguas indígenas en las políticas de ciencia y tecnología no sólo es un gesto simbólico. Representa una ruta para disminuir la brecha entre conocimiento tradicional y ciencia formal. En México conviven 68 lenguas indígenas nacionales con más de 7 millones de hablantes, cifra que subraya la diversidad lingüística del país.
Del mismo modo, diversas iniciativas han comenzado a traducir procesos científicos complejos a lenguas originarias, como proyectos que traducen conceptos del ciclo del agua y otras áreas científicas a idiomas indígenas para facilitar la comprensión y participación comunitaria en educación científica.
Además, esta política intersecciona con iniciativas tecnológicas emergentes que buscan consolidar la soberanía lingüística digital de pueblos indígenas, como plataformas de traducción automática, agentes de voz y herramientas educativas en lenguas nativas.
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