Cambiar la conducta alimentaria de un país no se logra solo subiendo los precios. En México, el debate sobre los impuestos saludables como el IEPS a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados vuelve a encenderse, pero esta vez con una propuesta clara: sin educación ni prevención, las políticas fiscales no cumplen su promesa de mejorar la salud pública.
Durante el foro “10 años del impuesto a bebidas azucaradas en México”, celebrado en la Cámara de Diputados, especialistas coincidieron en que el alza de precios ha tenido efectos limitados en los sectores más vulnerables. Aunque sí se ha observado una reducción en el consumo de refrescos, esta medida aislada no modifica de raíz los hábitos alimenticios de la población.
Educación alimentaria, la base del cambio sostenible
Del mismo modo, la doctora Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, subrayó que la prevención debe comenzar desde la infancia, con educación clara, accesible y sostenida sobre alimentación saludable. Además, urgió a que los ingresos recaudados por estos impuestos se destinen directamente a programas de salud y educación nutricional en comunidades marginadas.
Por otro lado, organizaciones civiles como El Poder del Consumidor enfatizaron la necesidad de campañas pedagógicas de largo plazo que acompañen cualquier política fiscal. Señalaron que muchas personas aún desconocen los efectos reales del consumo excesivo de azúcar y grasas, lo que perpetúa el círculo de enfermedad y pobreza.
En un país donde el 73% de los adultos viven con sobrepeso u obesidad según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, la urgencia de soluciones integrales es evidente.
