En la Secretaría de Educación Pública (SEP) se prevé una reducción de personal por aplicación de una “política de austeridad”, se indica en una carta de la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez.
Delfina Gómez, pidió por medio de un oficio del 10 de marzo a subsecretarios, directores generales, titulares de Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales que redujeran el número de personal a su cargo.
En cuanto a la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el documento se explica:
Haciendo eco de la frase de Don Benito Juárez: ‘Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado.
Delfina Gómez informó que próximamente serían convocados para tener una reunión presencial para entregar la propuesta de recorte que “entrará en vigor a la brevedad posible”.
La misma misiva explica que esta política de austeridad se debe al “complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia”.
Tras hacerse pública la misiva, la SEP añadió que con ello se buscará principalmente la reubicación del personal en tareas sustantivas, priorizando la educación a distancia y evitar dispendios por falta de cumplimiento de labores.
“Será una reestructuración administrativa paulatina, muy cuidada, sin afectar derechos laborales, en particular cuidando los empleos de los niveles más bajos del organigrama”, precisó la secretaría.
Sin embargo, la administración pública ya había tenido recortes de personal. En 2019, sólo en dos días, aproximadamente 300 personas acudieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para concluir el proceso de separación de la administración pública de dependencias como la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de organismos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), y el Fideicomiso de Fomento Minero, pese a que tenían más de una década de antigüedad.
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