El mercado laboral mexicano atraviesa un momento de contrastes que exige una lectura cuidadosa. La disminución de la desocupación convive con un deterioro en la calidad del empleo, marcado por mayor informalidad y la reducción de trabajos bien remunerados. Este escenario refleja una economía activa, pero con fragilidades estructurales que afectan la estabilidad de millones de personas en el país.
Las cifras más recientes muestran que la tasa de desocupación se mantiene en niveles históricamente bajos. Sin embargo, esta mejora no se explica por la creación de empleos formales suficientes, sino por un ajuste en la participación económica. Menos personas buscan trabajo activamente, lo que reduce el indicador sin resolver de fondo los problemas del mercado laboral. Al mismo tiempo, se observa una disminución de la Población Económicamente Activa, lo que limita la capacidad de crecimiento sostenido.
La brecha de género también sigue presente. Mientras el empleo masculino registra un ligero aumento, la ocupación femenina cae de forma significativa. Este comportamiento confirma que las mujeres enfrentan mayores barreras para incorporarse y permanecer en el mercado laboral, especialmente en contextos de desaceleración o incertidumbre económica.
La informalidad continúa como uno de los principales retos. Más de la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni prestaciones, lo que incrementa la vulnerabilidad económica y limita el bienestar a largo plazo. Además, la subocupación crece entre quienes tienen empleo, pero buscan trabajar más horas para mejorar sus ingresos.
En términos sectoriales, la pérdida de empleos se concentra en educación, salud, restaurantes y manufactura, mientras que el crecimiento se da en comercio, transportes y servicios profesionales. Este desplazamiento revela una transformación del mercado laboral hacia actividades menos estables y con menores niveles salariales.
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Un dato relevante es la reducción sostenida de empleos formales bien pagados. Cada vez más personas se concentran en rangos de uno o dos salarios mínimos, mientras disminuye la proporción de quienes perciben ingresos altos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo y la recaudación fiscal.
