México continúa enfrentando graves deficiencias en la protección de víctimas, la investigación de delitos y el castigo a responsables de explotación humana. Aunque existen leyes e instituciones encargadas de combatir este problema, la impunidad y la falta de información confiable dificultan conocer su verdadera dimensión.
El Informe sobre Trata de Personas 2026, publicado el 8 de octubre por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mantuvo a México en el nivel 2 de su clasificación internacional. Esta categoría reconoce esfuerzos gubernamentales significativos, pero también señala que el país todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos para erradicar la trata de personas.
La trata de personas sigue marcada por la impunidad
Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas y Violencias”, advirtió que México mantiene importantes vacíos institucionales, pese a contar desde 2012 con una ley general para prevenir y sancionar este delito.
El especialista explicó que numerosas víctimas evitan denunciar por temor a represalias, revictimización e incluso amenazas contra su vida. A esto se suman investigaciones deficientes y bajos niveles de sanción, circunstancias que impiden conocer con precisión cuántas personas sufren explotación sexual o laboral.
La falta de información también afecta las estadísticas oficiales. Según Fuentes Alcalá, los registros de víctimas, denuncias y sentencias no reflejan necesariamente la magnitud del problema. Además, persisten dificultades para identificar cuántas personas afectadas son niñas, niños o adolescentes.
Otro pendiente es la publicación del Programa Nacional contra la Trata de Personas 2025-2030. Su ausencia, señaló el investigador, limita la transparencia de la Comisión Intersecretarial responsable de coordinar las acciones gubernamentales.
México enfrenta desafíos como país de origen, tránsito y destino
El informe estadounidense volvió a cuestionar la capacidad del Estado mexicano para proteger a las víctimas y señaló deficiencias en la investigación de posibles vínculos entre autoridades corruptas y redes de explotación.
Fuentes Alcalá recordó que México cumple tres funciones dentro de este delito: es país de origen de personas trasladadas para explotarlas, destino de víctimas procedentes del extranjero y territorio de tránsito hacia otros países, principalmente Estados Unidos.
También advirtió que la atención pública dedicada a los homicidios, el narcotráfico y el tráfico de armas ha contribuido a relegar este problema de la agenda nacional.
Pese a sus críticas hacia las políticas actuales de Estados Unidos, el académico reconoció la utilidad histórica del informe internacional. Explicó que este instrumento ha contribuido a visibilizar el delito, fortalecer organizaciones civiles e impulsar mecanismos institucionales de protección.
Desde su perspectiva, la lucha contra la trata de personas requiere una política pública más sólida, investigaciones efectivas y servicios que garanticen la seguridad de quienes denuncian. Sin estas condiciones, las cifras oficiales seguirán ofreciendo una imagen incompleta de una violencia que permanece ampliamente oculta.
