La educación inicial representa uno de los eslabones más frágiles del sistema educativo mexicano. Aunque este nivel ya está reconocido como parte de la educación básica obligatoria, su alcance real continúa siendo limitado y desigual. La distancia entre el marco legal y la experiencia de millones de familias deja ver una debilidad estructural que afecta el desarrollo desde la primera infancia.
Los primeros años de vida son decisivos para el aprendizaje futuro. Lenguaje, habilidades socioemocionales y desarrollo cognitivo se construyen en esta etapa. Sin embargo, en México, una gran proporción de niñas y niños menores de seis años no accede a servicios formales de educación inicial, lo que reduce sus oportunidades educativas desde el inicio.
La atención disponible se distribuye entre centros públicos, privados y comunitarios. Aun así, la cobertura institucional alcanza solo a una parte mínima de la población objetivo. Para niñas y niños de cero a dos años, el acceso resulta especialmente bajo. En el nivel preescolar, aunque la cobertura aumenta conforme avanza la edad, los rezagos persisten y revelan una incorporación tardía al sistema educativo.
Educación inicial y brecha de acceso social
El reconocimiento de la educación inicial como obligatoria significó un avance en términos normativos. No obstante, la implementación enfrenta obstáculos persistentes. La falta de infraestructura, de personal especializado y de financiamiento suficiente limita la expansión del servicio, particularmente en zonas con mayor marginación social.
Esta situación profundiza desigualdades desde edades tempranas. Las familias con mayores recursos logran acceder a servicios privados, mientras que los hogares más vulnerables dependen de una oferta pública insuficiente. Así, la desigualdad educativa se instala antes de la educación primaria y se arrastra durante toda la trayectoria escolar.
La dimensión del desafío se refleja en un dato clave. En México viven más de 12 millones de niñas y niños de cero a cinco años, pero solo una proporción mínima recibe atención institucional en educación inicial, especialmente en los primeros años de vida. Esta brecha confirma que, más allá del marco legal, el acceso efectivo a este derecho sigue siendo una deuda pendiente.
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