Garantizar la educación en medio de la violencia se ha convertido en una prioridad estratégica para Colombia. En un país donde el conflicto armado ha afectado históricamente a comunidades enteras, la escuela representa mucho más que un espacio de aprendizaje. Es un lugar de protección, estabilidad y proyección de futuro para niñas, niños y jóvenes, incluso en los territorios más golpeados por la inseguridad.
Durante enero, el Gobierno colombiano reafirmó su compromiso internacional con la defensa del derecho a la educación en contextos de conflicto. La postura del país reconoce que los ataques a escuelas, docentes y estudiantes no solo interrumpen trayectorias educativas, sino que profundizan ciclos de exclusión y vulnerabilidad social. Proteger la educación implica, por tanto, proteger a las comunidades.
Educación en conflicto como prioridad global
La educación en conflicto ocupa hoy un lugar central en la agenda diplomática de Colombia. A través de la Cancillería de Colombia, el país respaldó una nueva hoja de ruta global orientada a prevenir ataques contra instituciones educativas y a garantizar la continuidad del aprendizaje en escenarios de violencia. Este marco promueve acciones coordinadas entre Estados, organismos internacionales y autoridades educativas.
La hoja de ruta plantea medidas concretas como el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la recopilación de datos sobre ataques a escuelas y la atención integral a las víctimas. También refuerza el compromiso con el derecho internacional humanitario y con la Declaración sobre Escuelas Seguras, que busca evitar el uso militar de centros educativos.
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Datos recientes de seguimiento internacional muestran que Colombia continúa entre los países de la región con mayor número de afectaciones a entornos educativos, lo que refuerza la urgencia de aplicar de forma efectiva estas estrategias de protección.
