La educación atraviesa un momento decisivo en el debate global sobre desarrollo, equidad y democracia. En enero, distintas voces académicas y sociales coinciden en que volver a entender la educación como un bien público resulta clave para enfrentar desigualdades persistentes y tensiones económicas que afectan el acceso al aprendizaje. Esta mirada coloca a la educación como un derecho colectivo, esencial para la cohesión social y no solo como un servicio sujeto a lógicas de mercado.
La discusión cobra fuerza en Europa y América Latina, donde los sistemas educativos enfrentan presiones de financiamiento, privatización y segmentación social. En este contexto, especialistas subrayan que concebir la educación como bien público implica asumirla como una responsabilidad compartida, con el Estado como garante principal de calidad, acceso y continuidad educativa para toda la población.
Educación como bien público y responsabilidad del Estado
Reafirmar la educación como bien público supone fortalecer la inversión pública, la regulación y la gobernanza democrática de los sistemas educativos. Este enfoque reconoce que los beneficios de una educación sólida trascienden al individuo y se reflejan en mayor cohesión social, participación ciudadana y estabilidad democrática. Cuando la educación se mercantiliza, el riesgo de exclusión aumenta y las brechas sociales tienden a profundizarse, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Asimismo, esta visión promueve la participación activa de comunidades, docentes y estudiantes en la toma de decisiones educativas. El objetivo no es solo ampliar la cobertura, sino asegurar que los sistemas respondan a las necesidades sociales, culturales y económicas de cada contexto. Lee también: IMSS amplía atención a la primera infancia con nuevos centros CECI
En un escenario marcado por la transformación digital, los cambios laborales y el avance de nuevas tecnologías, la educación como bien público ofrece un marco ético para orientar políticas de largo plazo. Datos recientes muestran que los países con mayor inversión pública sostenida en educación presentan mejores indicadores de movilidad social y confianza institucional, un elemento central para enfrentar los desafíos del presente.
