La búsqueda de universidades más igualitarias ha impulsado cambios en los programas académicos, las políticas institucionales y los mecanismos para combatir la discriminación. En la UNAM, los estudios de género han contribuido a estas transformaciones, aunque todavía existen obstáculos para garantizar espacios educativos libres de violencia.
Durante décadas, las demandas de estudiantes y académicas permitieron incorporar nuevas perspectivas sobre la desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, los avances normativos no siempre se traducen en cambios dentro de las aulas, especialmente en disciplinas donde persisten estructuras y prácticas tradicionalmente masculinas.
Cómo comenzó la transformación de las universidades
La participación de las mujeres en la educación superior ha enfrentado obstáculos históricos. Desde las primeras universidades medievales, numerosas comunidades femeninas desarrollaron conocimientos que quedaron fuera de los espacios académicos reconocidos.
En México, los movimientos feministas universitarios comenzaron a organizarse con mayor fuerza durante la década de 1970. En la UNAM surgió el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias y, en 1984, la Facultad de Psicología creó el Centro de Estudios de la Mujer.
Posteriormente, las demandas del Congreso Universitario de 1990 contribuyeron a la creación del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) en 1992.
Este organismo enfrentó resistencias académicas y limitaciones presupuestarias, pero abrió nuevas oportunidades para investigar las desigualdades y desarrollar propuestas educativas.
En 2016, el PUEG se transformó en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). Para 2020, la Universidad consolidó este campo académico y fortaleció sus políticas institucionales de igualdad.
Los estudios de género aún enfrentan desafíos
Aunque las universidades han creado organismos especializados y modificado sus reglamentos, todavía necesitan incorporar la igualdad de manera efectiva en todas sus actividades.
El Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, presentado públicamente en 2018, busca evaluar estas condiciones y orientar nuevas políticas.
Entre 2017 y 2021 realizó cinco mediciones que identificaron avances desiguales. Los resultados mostraron mayores progresos en la creación de estructuras institucionales que en la incorporación transversal de la igualdad.
Esto significa que establecer oficinas o protocolos representa solamente una parte del trabajo. También resulta necesario revisar las prácticas docentes, los contenidos académicos y las relaciones dentro de las comunidades universitarias.
Una educación igualitaria requiere cambios cotidianos
Las movilizaciones estudiantiles de la última década también han impulsado reformas curriculares y nuevas estrategias para atender la violencia de género.
No obstante, algunas áreas, como ingeniería y derecho, mantienen resistencias que dificultan transformar determinadas prácticas académicas.
Fortalecer los estudios de género permite analizar estas desigualdades, reconocer la contribución histórica de las mujeres al conocimiento y desarrollar herramientas para prevenir la discriminación.
El desafío consiste en convertir los avances institucionales en experiencias educativas más equitativas, donde estudiantes y docentes participen en ambientes seguros y respetuosos.
