Desde el comienzo de la pandemia, insistimos en que no existen las condiciones mínimas que garanticen la educación a distancia, mucho menos para realizar una evaluación entendida como un proceso que permita a los docentes identificar avances y debilidades con la intervención pedagógica que aporte a fortalecer el pensamiento crítico y el desarrollo integral del estudiantado.
En términos pedagógicos, las evaluaciones que plantea la SEP no promueven las bases fundamentales para lograr los aprendizajes mínimos dependiendo de cada nivel o grado escolar.
A esto hay que agregar el detrimento de los contenidos curriculares que no toman en cuenta las necesidades de los alumnos donde, tal parece que la evaluación ya no es un proceso educativo; sino que, se ha convertido en un instrumento de control y de selección pensado desde la lógica empresarial y meritocrática.
Para rendir ante las evaluaciones que se exigen, primero el Estado debería garantizar las condiciones mínimas indispensables para que los alumnos puedan mantener comunicación con las y los docentes. Toda vez que se nos impuso el modelo de educación a distancia con sus diferentes modalidades, deben otorgarnos equipo de cómputo para cada uno de los estudiantes y profesores, con servicio irrestricto y suficiente de Internet y luz eléctrica gratuita para que las familias aseguren las clases virtuales y en línea.
Sabemos que aun con estas condiciones mínimas el proceso de enseñanza-aprendizaje seguiría sin estar garantizado, por lo que mantenemos que es indispensable la suspensión del ciclo escolar, que las maestras y profesores puedan dedicarse a mantener actividades de contención no obligatorias en línea (de recreación, culturales, artísticas, de divulgación científica que les permita entender sobre la pandemia) que acompañen a la niñez y adolescencia, pero que, sobre todo, no estén sujetas a calificación.
Asimismo, debe garantizar la construcción de más escuelas para que regresemos a clases presenciales sin aulas saturadas, cuando haya condiciones para volver, la contratación de más profesionistas docentes y trabajadores de la educación para poder enfrentar el rezago educativo que se está generando y atender a las y los alumnos de acuerdo a sus necesidades educativas.
