Entrar a un museo, escuchar una orquesta, asistir al teatro o descubrir la ópera no debería depender únicamente de cuánto dinero tiene una persona. La participación cultural forma parte de los derechos reconocidos internacionalmente y plantea a los gobiernos el desafío de reducir las barreras económicas, territoriales y sociales que mantienen a una parte de la población alejada de estas experiencias.

Una iniciativa anunciada en Nueva York ofrece un ejemplo reciente. El alcalde Zohran Mamdani y la Metropolitan Opera pusieron en marcha Opera for All, un programa que distribuirá gratuitamente 70,000 entradas durante la temporada 2026-2027. La medida ilustra una de las herramientas disponibles para ampliar el acceso a la cultura, aunque garantizarlo requiere políticas mucho más amplias y permanentes.

Acceso a la cultura va más allá de ofrecer espectáculos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que todas las personas tienen derecho a participar libremente en la vida cultural de su comunidad y disfrutar de las artes. UNESCO amplía esta perspectiva al señalar que los derechos culturales comprenden acceder, crear, participar y disfrutar de la cultura.

Esto convierte la accesibilidad cultural en algo más amplio que organizar conciertos o exposiciones. Las políticas públicas pueden actuar sobre obstáculos como el precio de las entradas, la concentración de recintos en determinadas zonas, las dificultades de movilidad o la falta de oportunidades para que algunos grupos se acerquen a distintas expresiones artísticas.

UNESCO considera que los derechos culturales contribuyen a la dignidad, el desarrollo personal, la cohesión social, la diversidad y la reducción de desigualdades. En MONDIACULT 2022, representantes de 150 Estados adoptaron una declaración que reconoce la cultura como un bien público global y plantea fortalecer su presencia dentro de las políticas públicas.

Nueva York ofrece un ejemplo para reducir la barrera económica

Opera for All entregará 10,000 entradas gratuitas cada mes mediante sorteo hasta alcanzar 70,000. Representan aproximadamente 10% de las localidades disponibles durante la temporada. Podrán participar residentes que nunca hayan asistido al Metropolitan Opera o que no hayan comprado una entrada desde 2019. Además, habrá asientos disponibles en prácticamente todas las secciones del recinto.

La ciudad difundirá el programa mediante escuelas públicas, bibliotecas, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, vivienda pública y agencias de servicios sociales. De esta manera, la iniciativa intenta alcanzar también a ciudadanos que tradicionalmente han tenido menos contacto con esta institución cultural.

El programa no constituye por sí solo un modelo universal para garantizar los derechos culturales. Cada país y ciudad enfrenta condiciones económicas, territoriales y sociales diferentes. Sin embargo, muestra cómo una institución cultural y un gobierno local pueden intervenir sobre una barrera concreta como el precio.

Nueva York también aprobó para el año fiscal 2027 un presupuesto de 323.8 millones de dólares para su Departamento de Asuntos Culturales, la mayor asignación registrada por la ciudad para esa dependencia.

Garantizar la participación cultural requiere combinar iniciativas de acceso gratuito o asequible con bibliotecas, educación artística, infraestructura, apoyo a creadores, actividades comunitarias y mecanismos que permitan llegar a poblaciones tradicionalmente menos atendidas. UNESCO sostiene precisamente que hacer efectivos estos derechos necesita marcos legales y políticas públicas.

El caso neoyorquino recuerda así una idea aplicable mucho más allá de la ópera: cuando el precio determina quién puede acercarse al arte, las políticas culturales tienen margen para abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas.

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