Pago vitalicio a investigadora emérita provoca debate en el sector científico

El Consejo del Sistema Nacional de Investigadores aprobó el nombramiento de María Elena Álvarez-Buylla como investigadora nacional emérita. La distinción contempla una pensión vitalicia de más de 48 000 pesos mensuales, que se hará efectiva cuando cumpla 65 años en julio de 2026.

El SNI establece este reconocimiento a quienes acreditan una trayectoria de gran impacto en la producción académica. Aunque la científica todavía no alcanza la edad requerida, el reglamento permite que el pago inicie en cuanto cumpla la condición. El beneficio no está sujeto a evaluaciones posteriores y se mantiene de manera indefinida.

Respuestas encontradas

La decisión generó reacciones inmediatas en la comunidad académica. Algunos sectores valoran la carrera y las contribuciones en biología molecular de Álvarez-Buylla, mientras que otros cuestionan el momento del nombramiento y lo vinculan con su desempeño al frente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Durante su gestión, se reestructuraron fideicomisos y se modificaron reglas de financiamiento, lo que provocó inconformidad en organizaciones de investigadores.

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Impacto institucional

La pensión vitalicia coloca nuevamente en el centro del debate el destino de los recursos públicos destinados a la investigación. Diversos especialistas advierten que este tipo de incentivos deben revisarse para evitar tensiones con generaciones más jóvenes que reclaman apoyos para proyectos en curso y plazas permanentes.

Actualmente existen menos de 200 investigadores nacionales eméritos en México, todos con derecho a recibir el mismo beneficio vitalicio, lo que representa una erogación pública que rebasa los 100 millones de pesos anuales.