En América Latina, cientos de miles de estudiantes con discapacidad siguen sin poder acceder a una educación inclusiva, a pesar de décadas de avances normativos. En países como México, Colombia y Perú, persisten barreras estructurales que van desde la falta de personal capacitado hasta la inaccesibilidad física de los centros escolares. La región ha ratificado convenciones internacionales y aprobado leyes progresistas, pero los resultados aún no garantizan el derecho efectivo a la educación para todos.
Aunque 21 países latinoamericanos han suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su implementación es dispareja. Solo una fracción de los centros escolares cuenta con infraestructura adaptada, materiales accesibles o metodologías pedagógicas diversas. De igual manera, muchas familias enfrentan procesos de escolarización fragmentados o condicionados a diagnósticos clínicos y trámites administrativos innecesarios.
En consecuencia, más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en América Latina siguen enfrentando múltiples formas de exclusión. Las cifras recientes de agosto 2025, compartidas por organizaciones como Inclusion International, muestran que el 70% de estos estudiantes no logra completar su escolaridad básica.
Educación inclusiva: más que integración, un derecho
Expertos advierten que no basta con permitir el ingreso al aula; se requiere transformar el sistema para que responda a la diversidad. Esto incluye formación docente continua, presencia de equipos multidisciplinarios y financiamiento adecuado. Además, urge desarticular lógicas asistencialistas y asumir una mirada pedagógica centrada en el potencial de cada estudiante.
Por otro lado, iniciativas comunitarias y programas piloto en zonas rurales están demostrando que es posible avanzar con voluntad política y enfoque interseccional.
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