Más de un millón y medio de jóvenes entre 15 y 29 años en Perú no estudian ni trabajan. Ese 20 % del grupo etario, según la OCDE, refleja un desafío estructural que la política pública no logra atender con eficacia.
La cifra deja en evidencia un vacío en la cobertura educativa que afecta tanto a quienes recién inician su vida laboral como a quienes buscan reincorporarse tras haber abandonado los estudios.
La digitalización parecía una salida para cerrar brechas, pero en la práctica abrió una nueva forma de desigualdad. La falta de acceso a dispositivos, conectividad inestable y carencia de habilidades digitales impiden que miles de peruanos aprovechen las plataformas virtuales. Lo que debería democratizar el aprendizaje termina reforzando la exclusión de los sectores más vulnerables.
Certificados como requisito excluyente
A esto se suma la rigidez normativa. El requisito de contar con secundaria completa para acceder al empleo formal se ha convertido en una barrera. Muchos jóvenes que combinan trabajo y estudio no logran obtener el certificado en los plazos establecidos. En lugar de generar inclusión, esta condición empuja a una parte de la población hacia el mercado informal, donde la precariedad domina.
Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) surgieron como opción para quienes desean concluir la escolaridad en la adultez. No obstante, operan con presupuestos limitados, horarios inflexibles y escasa visibilidad. Sin un fortalecimiento real, su capacidad de atender a los rezagados seguirá reducida.
Rezago que impacta a toda la sociedad
El impacto de este rezago es medible: apenas el 36 % de los adultos peruanos logra culminar la educación secundaria, según la UNESCO. Este dato confirma que el desafío trasciende a los jóvenes y afecta a toda la estructura social del país.
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