La invitación a «no traicionar» el derecho de los padres en el ámbito educativo, dejando «sin resolver» la cuestión de la financiación, que siempre ha sido un punto crítico.
El llamamiento al gobierno y al parlamento
La paridad escolar tiene 20 años de antigüedad (fue aprobada el 10 de marzo de 2000), pero aún le falta «el paso para dar finalmente cumplimiento y aplicación al derecho de elección de las familias en el ámbito educativo», sin someterlas a más cargas económicas.
Este es el núcleo del documento que el Consejo Nacional de la Escuela Católica (CNSC), órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, presidido por el obispo Mariano Crociata y en el que están representadas todas las asociaciones de la escuela católica, ha querido hacer circular con ocasión del 20º aniversario de la Ley 62/2000, conocida como «ley de igualdad escolar». «La inclusión de escuelas iguales en el sistema educativo nacional, en virtud del servicio público realizado -dice el documento- debería haber dado lugar a un acceso justo al sistema tanto para los alumnos como para el personal».
En cambio, «el hecho de que no se hayan completado las normas de financiación, que hoy en día se ve agobiado por las crecientes dificultades y desequilibrios económicos que siguen afectando a muchas familias – continúa la CNSC – hace cada vez más difícil mantener el sistema educativo nacional, en el que, junto a las escuelas estatales, las escuelas de igualdad – incluidas las escuelas católicas – representan la expresión de la aplicación concreta de un derecho fundamental de la persona, la familia y ofrecen una valiosa contribución a la realización de un verdadero pluralismo».
Concurso
El 10 de marzo de 2000 se promulgó la Ley 62, por la que se creó el único sistema educativo nacional.
El Consejo Nacional de Escuelas Católicas: garantizar la libertad de elección sin carga para las familias
Y es extraño que en un momento en que se pide con insistencia «un nuevo pacto educativo», no se comprenda que «la verdadera libertad de enseñanza sólo puede darse cuando, en el momento de la elección, prevalece el contenido de los proyectos educativos y los costos no constituyen un obstáculo injusto y discriminatorio».
El mensaje al Parlamento, al gobierno y a las fuerzas políticas es claro: junto a la igualdad jurídica consagrada en el 62/2000, «la igualdad económica se está aplicando finalmente», en la convicción de que ésta «representa una inversión estratégica para todo el sistema y un generador de crecimiento para todos».
Y si esto no sucede, el escenario es igual de claro: con la progresiva desaparición de las escuelas católicas de la igualdad «territorios enteros serán pronto despojados de un importante puesto de avanzada para la educación, la agregación y la promoción humana y social». He aquí, pues, la invitación a «identificar formas adecuadas de financiación» con el objetivo preciso de «eliminar la discriminación de las familias que eligen a sus iguales». Sólo entonces la igualdad será completa, verdadera e «infalible».
