La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, afirmó que la iniciativa que expide la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el Ejecutivo Federal, busca que el pueblo de México realmente ejerza el derecho humano a la ciencia y goce de los beneficios de ésta.

Lo anterior, en declaraciones a la prensa al término de la reunión de trabajo que sostuvo con las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, para analizar dicha iniciativa presidencial.

“Vamos a tener una ley que proteja el interés del pueblo de México, para quien es indispensable una verdadera ciencia soberana que permita una autosuficiencia, una soberanía tecnológica, una verdadera innovación a favor de las grandes necesidades de este país y de la justicia social, y del cuidado ambiental”, manifestó.

 

 

“Y tener una normativa que haga honor a lo que mandata el tercero constitucional: el acceso universal al conocimiento, el derecho humano a la ciencia, a realizarla y también a sus beneficios. Que no se deje a nadie atrás, que no se deje a nadie fuera”, complementó.

La funcionaria comentó que la construcción de la propuesta del Ejecutivo Federal se hizo con la opinión de más de 70 mil miembros de cientos de instituciones de educación superior públicas y privadas, mismas que se recogieron en diversos foros.

“La propuesta aparentemente estaba terminada a finales de 2021, pero el Presidente de la República pidió volver a realizar más mesas de trabajo, foros, consultas, para generar todavía mayores consensos», relató.

“Al final del 2022 se aprobó la propuesta integral, que además fue mejorada por las diferentes secretarías de Estado», abundó.

Foros

Subrayó que el Conacyt continuará realizando foros con las instituciones de educación superior, “para seguir solventado dudas, para seguir respondiendo muchas veces a preocupaciones que han emergido”.

“Han ido surgiendo estas preocupaciones a partir de mitos o mentiras que han ido apareciendo en algunos medios de comunicación, con mala intención o por ignorancia por no haber leído la propuesta”, consideró.

Comentó que en gobiernos pasados el Conacyt se convirtió en una instancia de transferencias de recursos públicos multimillonarios para intereses privados que ni siquiera realizaron innovación científica; “se transfirieron en los sexenios pasados más de 45 mil millones de pesos”.