Para 2021 ya no hay recursos para el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) un programa fundamental en la construcción de la cultura de la paz y la atención del bullying.
Cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco ha mencionado si instrumentará algún otro plan que sustituya al PNCE.
En los últimos cuatro años, el PNCE experimentó un deterioro presupuestal de poco más de 36 por ciento, al pasar de 350 millones de pesos asignados en 2016 a 223 millones 820 mil pesos para 2020.
Ya desde este año, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP había adelantado que aplicaría un procedimiento de evaluación interna del programa, pero hasta ahora no se ha informado el resultado.
Por su parte, los docentes temen que ante la falta de recursos se elimine la capacitación psicopedagógica y socioemocional, tan necesaria en la labor educativa.
En opinión de Ángel Leyva, director de investigación en Mexicanos Primer Sinaloa, la eliminación del Programa Nacional de Convivencia Escolar muestra que:
Aunque existen algunos avances en el presupuesto 2021 no existen estrategias ni programas de compensación que apoyen a restaurar los derechos afectados por la pandemia. El gasto es el principal instrumento de política pública, por lo tanto, si este no es suficiente y pertinente será muy difícil recuperar a todas esas niñas, niños y jóvenes que abandonaron la escuela, aquellos que enfrentaron problemas para seguir aprendiendo desde casa y necesitan estrategias diferenciadas para nivelar y reforzar sus aprendizajes, así como aquellos que requieren atención socioemocional.
Para 2020, el PNCE benefició a más de 98 mil escuelas de educación básica, con una matrícula de 17.6 millones de niñas, niños y adolescentes, así como una participación de alrededor de 767 mil 317 docentes y 95 mil autoridades educativas escolares.
Al respecto, el especialista concluye:
Debemos pensar a largo plazo y como sociedad, nos corresponde seguir participando y proponiendo para incidir en el ejercicio presupuestal exigiendo que cada peso se gaste con transparencia y adecuados mecanismos de rendición de cuentas. De esa forma, será posible impulsar un sistema educativo incluyente al que las niñas, niños y jóvenes tienen derecho.
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