Educar, corregir o proteger a una niña o niño no concede a los adultos libertad absoluta para decidir cómo hacerlo. Las prácticas de crianza encuentran un límite en los derechos reconocidos a las infancias, incluso cuando determinadas conductas todavía tengan aceptación social.
La alimentación, la salud, el juego, la expresión, las libertades y la participación forman parte de esos derechos. Para Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, este enfoque permite establecer cuándo una conducta puede considerarse maltrato infantil sin depender únicamente de las creencias familiares sobre la crianza.
Los derechos permiten identificar el maltrato infantil
Durante la conferencia “Bioética y derechos humanos para infancias dignas y libres de violencia”, González Contró explicó que el buen trato supone garantizar plenamente los derechos de niñas y niños.
En el extremo contrario aparecen vulneraciones graves como la explotación sexual infantil. Sin embargo, entre ambos puntos existen comportamientos cuya identificación requiere analizar las acciones de los adultos y las circunstancias en las que vive cada familia.
La especialista planteó una distinción importante: no toda imposibilidad para satisfacer una necesidad constituye automáticamente maltrato. Una madre que carece de recursos suficientes para proporcionar determinada alimentación, por ejemplo, enfrenta una condición diferente de quien puede garantizar un derecho y decide negarlo.
El contexto económico y social resulta, por tanto, indispensable para comprender cada situación sin perder el enfoque de derechos.
La crianza también cambia cuando avanzan los derechos
México cuenta desde 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. González Contró recordó que el reconocimiento jurídico de las infancias como personas titulares de derechos ha experimentado una transformación relativamente reciente.
Niñas y niños aparecieron de manera todavía limitada en la Constitución en 1979. Fue hasta el año 2000 cuando la Carta Magna incorporó expresamente las palabras niñas y niños.
Los cambios legales, sin embargo, no transforman inmediatamente las prácticas sociales. Durante años, algunas formas de violencia física y psicológica se consideraron mecanismos legítimos para disciplinar o educar.
Golpes, humillaciones, degradaciones y otros castigos podían justificarse bajo la idea de que madres, padres o tutores tenían amplias facultades para decidir cómo criar.
Actualmente existe una prohibición jurídica sobre prácticas de crianza que implican violencia física o humillante. Aun así, la especialista señaló que algunas permanecen culturalmente aceptadas, lo que evidencia una distancia entre los cambios legales y las costumbres.
El enfoque basado en derechos proporciona precisamente un parámetro que no depende de que determinada conducta sea habitual dentro de una familia o comunidad. La pregunta deja de ser si una práctica se utilizó durante generaciones y pasa a centrarse en si respeta la dignidad, integridad y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Cambiar una ley puede establecer límites claros, pero modificar prácticas profundamente normalizadas requiere también educación y transformación cultural. Garantizar una infancia libre de violencia implica reconocer a niñas y niños como personas con derechos propios y no únicamente como sujetos bajo la autoridad de los adultos.
