Ciudad de México 18 noviembre._ Brianda Vázquez, diputada por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a los congresos locales a legislar para garantizar la matriculación de personas indígenas en educación media y superior.
Aseguró que garantizar los derechos de los grupos vulnerables es primordial para el Estado mexicano. Por lo que recordó que en la Constitución el gobierno se compromete a combatir las carencias y rezagos de los pueblos originarios.
Explicó que es obligación del Estado “garantizar incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión, la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y de acuerdo con las leyes de la materia y la consulta de comunidades indígenas”.
Y es que el artículo garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y que ésta se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Explica en su apartado B que la federación, los estados y municipios, están obligados a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.
Además se establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Asimismo, atrajo el Artículo 48 de la Ley General de Educación (LGE), la cual establece los principios de equidad con el objetivo de disminuir las brechas de cobertura educativa en todas las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales para combatir la desigualdad y la equidad en el acceso y permanencia en los estudios de razones económicas, de género, origen étnico y discapacidad.
De acuerdo con la LGE, “la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas”.
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