Ciudad de México 11 de agosto._ Organizaciones de escuelas particulares abandonaron el Grupo de Trabajo para la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”.
El proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” elaborado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía tiene por objetivo regular los servicios que brindan las escuelas particulares para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente justificación.
Sin embargo, las escuelas particulares consideraron que de ser aprobado generará una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la Educación Particular.
Ello, expusieron, afectará los bolsillos de las familias y desaparecerá a las escuelas particulares más pequeñas, además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras.
Asimismo, dijeron, contrario a lo manifestado públicamente por Jesús Cantú, Titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, el proceso que él denomina como de “construcción” de la NOM 237, dista mucho de ser “participativo”, “inclusivo” y “de atención e incorporación” de las preocupaciones de quienes prestamos servicios educativos desde instituciones particulares.
Señalaron que los representantes del Gobierno Federal que participan en este proceso «han marginado la participación de quienes representamos a instituciones particulares; han coartado nuestra libertad de expresión, haciendo uso hostil e intransigente de su calidad de autoridad”.
Además, agregaron, han restringido la posibilidad de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar, hasta el punto de “expulsar” sin razón o justificación, a representantes de las escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la transmisión.
Pese a que fuimos invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, nuestra participación ha sido de convidados de piedra, señalaron.
Incluso, acusaron que no se tomaron en cuenta sus aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados.
«Se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando».