Educación para la paz avanza en América Latina y el Caribe

La educación vuelve a colocarse como eje de transformación social en América Latina y el Caribe, en un momento marcado por tensiones, desigualdades y desafíos democráticos. En diciembre, representantes gubernamentales, especialistas y organizaciones educativas coincidieron en que fortalecer una cultura de paz desde las aulas resulta clave para el desarrollo sostenible de la región.

El consenso regional reconoce que la escuela no solo transmite conocimientos, sino valores, habilidades sociales y capacidades para la convivencia. Bajo esa premisa, los sistemas educativos enfrentan la tarea de formar ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con los derechos humanos, en contextos donde la violencia y la exclusión siguen presentes.

Tras los dos primeros párrafos, los países de la región definieron una agenda común durante un encuentro celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, con la participación de delegaciones de 21 países. La reunión marcó el inicio de una hoja de ruta regional alineada con la Recomendación sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, adoptada por los Estados Miembros de la UNESCO en 2023.

Educación para la paz como política pública regional

El diálogo regional destacó que la educación para la paz debe integrarse de forma transversal en los planes de estudio y en la formación docente. Las experiencias compartidas incluyeron programas de aprendizaje socioemocional, educación ambiental, pensamiento crítico y prevención de discursos de odio, aplicados tanto en educación básica como media.

Organizaciones educativas y académicas de la región subrayaron que estos enfoques fortalecen la cohesión social y reducen factores de riesgo en comunidades vulnerables. Asimismo, se planteó la necesidad de contar con indicadores claros para evaluar el impacto de estas políticas en el entorno escolar y comunitario.

Santo Domingo y la hoja de ruta educativa regional

La Hoja de Ruta de Santo Domingo propone cooperación entre países, creación de comunidades de práctica y desarrollo de materiales pedagógicos comunes. También impulsa el intercambio de experiencias exitosas y el acompañamiento técnico para adaptar los principios de la educación para la paz a cada contexto nacional.

Los datos regionales más recientes muestran que los países con estrategias educativas integrales en convivencia y ciudadanía reportan mejores climas escolares y menor incidencia de violencia. Este avance refuerza la idea de que invertir en educación para la paz no solo es una decisión ética, sino una política pública con efectos medibles en la estabilidad social.

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