El 29 de abril se aprobó la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI).
El pleno del Senado de la República aprobó finalmente la creación de esta primera LHCTI, que la Cámara de Diputados remitió el pasado miércoles 26 para su análisis y aprobación, fortaleciendo al Conacyt y a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina.
Con la creación de esta primera Ley General, México rompe el paradigma que, en los últimos tres sexenios, permitió el uso de recursos públicos para financiar una gran cantidad de proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico.
Rezago
Y que, a pesar de haber autorizado la transferencia de más de 45 mil millones de pesos a empresas trasnacionales, México redujo 16 escaños en eficiencia tecnológica.
Con este avance en el poder Legislativo, el país podrá recuperar el quehacer en las HCTI, y las y los mexicanos podrán gozar de los beneficios derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Con la incorporación del conocimiento humanístico se precisa que el derecho humano a la ciencia incluye a las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y se expresa la reivindicación de la diversidad epistémica. Las humanidades que antes estaban excluidas se incorporan como parte de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia.
Conacyt no desaparece
Con esto, el Conacyt suma la “h” de las humanidades y lo transforma en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), con lo cual no desaparece ni se extingue. Al contrario, suma cambios sustantivos que, además, lo afirman como organismo público descentralizado y refuerzan su calidad de entidad especializada, responsable de la política nacional, coordinadora del sector de HCTI y asesora del Ejecutivo federal.
La nueva Ley General en materia de HCTI garantiza libertades de cátedra, investigación y expresión, y mandata al Estado el financiamiento público y sostenido a la ciencia básica, de frontera y aplicada. Con ello, se evitará que la comunidad científica se quede sin un solo peso para el desarrollo de proyectos de investigación, como sucedió en 2017 y 2018.
