Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la comunidad científica y educativa temió un retroceso estructural. Sin embargo, lejos de extinguirse, el compromiso ciudadano con la ciencia y la educación pública se revitalizó. Las universidades, los investigadores y los docentes hallaron nuevas formas de defender su labor frente a políticas que amenazaban el conocimiento como bien común.
Durante el primer año de gobierno, la presión hacia organismos clave como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH) fue evidente. Se propusieron recortes presupuestales, restricciones a la comunicación científica y nombramientos sin experiencia técnica.
No obstante, la respuesta desde la sociedad civil y el ámbito académico fue rápida y contundente. Las Marchas por la Ciencia y los esfuerzos legislativos por mantener el financiamiento en sectores críticos son prueba de ello.
Educación científica: una resistencia con vocación de futuro
Lejos de debilitarse, la educación científica encontró en la adversidad una motivación para fortalecerse. Las escuelas públicas y las universidades reforzaron sus programas de divulgación, crearon alianzas con comunidades locales y posicionaron a la ciencia como una herramienta de participación democrática. Este impulso contribuyó a preservar la confianza pública en el pensamiento crítico y el método científico.
Por otro lado, se evidenció una creciente participación de mujeres y personas racializadas en espacios académicos, promoviendo una ciencia más inclusiva. El conocimiento volvió a ser visto como un acto colectivo, anclado en valores de justicia socia
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