El derecho a la educación atraviesa una etapa crítica marcada por crisis que no ocurren de forma aislada, sino que se acumulan y se refuerzan entre sí. En diciembre, este debate volvió a tomar fuerza a partir de un análisis internacional que advierte cómo el cambio climático, los conflictos armados, los desplazamientos forzados y las emergencias económicas están afectando de manera directa la continuidad educativa en distintas regiones del mundo.
Estas crisis encadenadas interrumpen calendarios escolares, dañan infraestructura y profundizan desigualdades ya existentes. Incluso países con sistemas educativos consolidados enfrentan dificultades para garantizar clases presenciales continuas, materiales adecuados y entornos seguros para aprender. El desafío ya no se limita al acceso inicial a la escuela, sino a sostener trayectorias educativas completas en contextos cada vez más inestables.
Educación en crisis y sistemas que deben adaptarse
Las crisis climáticas representan uno de los factores más visibles. Inundaciones, olas de calor y desastres naturales obligan al cierre temporal o permanente de centros educativos, afectando a millones de estudiantes. En España, cientos de escuelas se ubican en zonas con alta vulnerabilidad climática, lo que ha generado daños estructurales recientes y pérdidas significativas de días efectivos de clase.
Además, los conflictos y las crisis humanitarias incrementan el número de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela o con aprendizajes fragmentados. La falta de continuidad educativa tiene efectos duraderos en el desarrollo individual y limita las oportunidades futuras, especialmente en comunidades con menos recursos para responder a emergencias.
El derecho a la educación como prioridad global
Garantizar la educación en estos escenarios exige sistemas más resilientes, con planes de contingencia, modalidades flexibles y coordinación entre políticas educativas y de protección social. También implica asegurar que la educación forme parte central de las respuestas ante emergencias, no como un complemento, sino como un derecho que sostiene estabilidad y cohesión social.
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Datos recientes indican que una proporción significativa de estudiantes afectados por crisis prolongadas tarda años en recuperar aprendizajes perdidos, y muchos no regresan al sistema educativo. Este panorama confirma que proteger el derecho a la educación en contextos de crisis encadenadas es una condición indispensable para evitar que la desigualdad se vuelva permanente.
