El debate sobre la educación volvió a ocupar un lugar central en Argentina durante diciembre, cuando el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que propone redefinir el vínculo entre el Estado, las escuelas y las familias. La iniciativa, conocida como proyecto de libertad educativa, plantea cambios de fondo en la organización del sistema y en la participación familiar dentro de las instituciones educativas.
La propuesta parte de una definición clara. Reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación, mientras asigna al Estado un rol subsidiario orientado a garantizar el derecho educativo cuando las familias no puedan ejercerlo plenamente. Este enfoque marca una diferencia sustancial respecto del modelo vigente desde la Ley de Educación Nacional de 2006, aunque mantiene algunos conceptos formales similares.
Libertad educativa y nuevas responsabilidades familiares
El proyecto introduce la posibilidad de habilitar formalmente la educación en el hogar, conocida como homeschooling, una práctica que hasta ahora solo existe de manera limitada mediante exámenes libres en la Ciudad de Buenos Aires. Especialistas señalan que, aun con un marco legal, esta modalidad seguiría siendo minoritaria, pero su inclusión abre un debate sobre supervisión, calidad y equidad educativa.
Además, el texto propone un esquema de financiamiento compartido entre el Estado, las provincias, las familias y la sociedad civil. Entre las herramientas planteadas figuran becas, vales educativos y créditos fiscales. También se reconoce el derecho de padres y estudiantes a acceder a información detallada por escuela sobre resultados educativos, con el objetivo de favorecer decisiones informadas.
Consejos escolares y tensiones en la gestión educativa
Uno de los puntos más discutidos es la creación de consejos escolares de padres en cada institución. Estos órganos tendrían atribuciones para participar en la elección de directivos, la contratación o remoción de docentes y la elaboración de reglamentos internos. Diversos especialistas advierten que trasladar estas funciones puede generar desigualdades entre comunidades educativas con distintos niveles de capital social y recursos.
Asimismo, sectores docentes y académicos subrayan que fortalecer la participación familiar resulta positivo, siempre que no se debilite la responsabilidad profesional del Estado ni la autonomía pedagógica.
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Datos recientes muestran que los sistemas con mayor equidad combinan participación de las familias con una fuerte regulación pública. Ese equilibrio aparece como uno de los principales desafíos si la libertad educativa avanza en el debate legislativo argentino.
