Casi la mitad de niñas y niños refugiados en edad escolar no asiste a clase. En el curso 2022-2023 la cifra alcanza los 14,8 millones, de los cuales aproximadamente 7,2 millones quedan sin escolarización. Esta realidad se concentra en 65 países de acogida y refleja un obstáculo mayúsculo a superar.
Del mismo modo, las tasas brutas de matriculación muestran cifras desalentadoras: solo el 37 % en preescolar, el 65 % en primaria, el 42 % en secundaria y apenas el 7 % alcanza la educación terciaria.
Estrategias globales para garantizar el derecho a aprender
Además, los obstáculos son múltiples y complejos. Aulas saturadas, falta de docentes especializados, infraestructura insuficiente, barreras lingüísticas y contextos de inseguridad reducen drásticamente el acceso. Asimismo, las disparidades de género persisten y millones de niños siguen sin escolarizar debido a conflictos prolongados.
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Aun así, hay motivo para conservar la esperanza. La tasa del 7 % en educación superior, aunque aún lejos del objetivo, supone un leve avance que mantiene viva la aspiración de alcanzar el 15 % del acceso para 2030, según la estrategia 15by30 de ACNUR.
También, iniciativas como la expansión de programas DAFI, el compromiso institucional y el papel del deporte como espacio integrador demuestran que con voluntad política y cooperación sostenida es posible promover modelos educativos inclusivos que transformen vidas.
La educación emerge como una herramienta esencial
para reconstruir vidas y construir sociedades más equitativas. Al extender el acceso en todos los niveles educativos se impulsa la cohesión social y se siembra un futuro más prometedor para quienes más lo necesitan.
En cierre con un dato contundente, solo el 7 % de la juventud refugiada accede a estudios terciarios, lo que evidencia la brecha crítica que aún queda por cerrar desde la educación básica.
